LOS DESAFIOS DEL TERRITORIO Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Jordi Borja

Los desafíos y sus respuestas exigen por su novedad una acción política nueva. Esta acción política difícilmente puede salir de las instituciones y de los partidos políticos posicionados en ellas, que tienden normalmente a conservar el sistema que les garantiza la representación y el acceso a los puestos de gobierno. Hay una contradicción entre el respeto del Estado de derecho sin lo cual la democracia se pervierte por el uso arbitrario de la fuerza y la transformación de este mismo Estado, que si no se produce también lleva a la perversión del Estado de derecho por su incapacidad de responder eficazmente a los procesos excluyentes y a los nuevos desafíos.

Transformación que difícilmente impulsan las cúpulas políticas y jurídicas del Estado, casi siempre conservadoras del sistema que les concede el poder. ¿Cómo salir de este “impasse”? ¿Cómo ir más allá, de las llamadas retóricas a la sociedad civil y a la iniciativa ciudadana? ¿Cómo hacer que las propuestas no sean utópicas, sino “eutópicas”, situadas en el tiempo y en el espacio posibles, en un futuro más próximo que lejano y viables en unos lugares que las pueden recibir, concretar y realizar?

En primer lugar, no hay que ver el sistema político institucional como un todo homogéneo.

No solamente por las lógicas diferencias ideológicas y de interés entre partidos políticos, sino también por cómo viven las contradicciones entre valores y principios generales por un lado y normas y prácticas políticas y administrativas por otro.

Otra contradicción bien evidente es la que se da entre el ámbito político institucional local-regional y el estatal. Es bien sintomática la revitalización o la aparición de movimientos políticos “regionalistas” o nacionalitarios en Europa, el auge del “municipalismo” tanto en Europa como en América, y la emergencia de liderazgos fuertes en estos ámbitos.

Por lo tanto, el ámbito institucional, tanto político como judicial, ejecutivo como legislativo, supraestatal (europeo) como estatal y sobre todo local y regional, puede ser receptor en muchos casos e impulsor en otros, aunque menos, de propuestas innovadoras. En cada caso ante cada tipo de propuestas se manifestarán contradicciones diferentes. Por ejemplo, la renovación democrática de la política europea encuentra mucho más eco en el Parlamento europeo que en los Consejos de ministros (que representan a los gobiernos estatales).

La modificación de los sistemas electorales encuentra una fuerte resistencia en los partidos estatales y es en cambio esencial para reforzar el ámbito político regional-local. Las propuestas renovadoras no pueden depender únicamente de lo que ocurra en un ámbito contradictorio, pero en el que predomina el conservacionismo, como es el institucional.

Las contradicciones emergerán si hay una presión política exterior a las instituciones, social, cultural, que desarrolle iniciativas que impacten a la opinión pública y modifique la relación de fuerzas o el equilibrio establecido y que se concrete en propuestas de cambiar tanto normativas, como prácticas en la vida institucional. Por lo tanto, sin movimientos cívicos no habrá cambio político y si no lo hay tampoco habrá respuesta eficaz a los nuevos desafíos del territorio.

Estos movimientos surgen de las propias contradicciones generadas por los desafíos analizados anteriormente.

Las estrategias sobre el territorio, la “demanda” de ciudad y de espacio público, la reivindicación del reconocimiento social, político y jurídico, el rechazo a la exclusión, la exigencia de participación y de comunicación, etc. incitan a la acción a diversos colectivos de población en tanto que ciudadanos o “demandantes” de ciudadanía.

Una cultura política nueva.

Ahora bien, en la medida que nos encontramos ante problemáticas nuevas se requiere también una cultura política nueva que construya un discurso que proporcione legitimidad y coherencia a los movimientos cívicos. Si no es así se corre el riesgo de acentuar la fragmentación territorial y sociocultural, de dar una imagen anacrónica o corporativa de las iniciativas cívicas (que puede ser real si les falta un anclaje universalista) y de depender únicamente de cómo se resuelvan en cada caso las contradicciones en el sistema institucional establecido.

Ahora nos corresponde asumir no sólo el combate por la plena realización y su adecuación a las circunstancias actuales, de estos valores y objetivos universalistas, sino también los nuevos valores y objetivos que nos permitan dar respuesta a los nuevos desafíos (que a veces se denominan derechos 3ª generación, especialmente en la cultura de la ecología política). Nos parece que un camino útil es el seguido históricamente por todos aquellos que han promovido el cambio en nombre de los derechos de las personas.

Es decir, en nombre de la “ciudadanía”, de los sujetos activos e iguales en derechos.

El movimiento obrero y socialista parte de la crítica de la contradicción entre derechos formales y derechos reales, entre las posibilidades que ofrece la nueva sociedad industrial y las opresiones y exclusiones a las que da lugar. Siempre en todos los procesos de cambio hay un punto de partida común: la exigencia de unos derechos que aparecen como legítimos pero negados a muchos, como potenciales pero no realizados.

Y en consecuencia su objetivo político principal fue conquistar los derechos que los harán ciudadanos mediante nuevas instituciones económicas, sociales y políticas .

Ahora y para concluir este trabajo vamos a intentar aportar una contribución a esta redefinición y ampliación de derechos de la ciudadanía a partir del tipo de respuestas que hemos dado a los desafíos citados en los puntos anteriores. Todo ello sin pretender ni mucho menos proponer un catálogo exhaustivo.

Los nuevos derechos de ciudadanía

Derecho al lugar: la gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección.

Derecho al espacio público y a la monumentalidad: es el complemento necesario del anterior. Hay que dotar los lugares de significado y de calidad urbana.

Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad: la organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.).

Derecho a la belleza, al lujo del espacio público, a la visibilidad de cada zona de la ciudad. Cada parte de la ciudad debe tener su atractivo para los otros.

Derecho a la movilidad y a la accesibilidad: hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana.

Derecho a la centralidad: todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o metropolitanos.

Derecho a la ciudad: es la suma de los derechos anteriores, es decir el derecho de ejercer el conjunto de libertades urbanas. La oferta urbana global debe ser accesible, conocida y con posibilidad de ser usada por todos los que viven en la región metropolitana.

Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación: Las administraciones públicas no sólo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés general.

Derecho a la ciudad como refugio: La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de las instituciones, en tanto que éstas no son capaces de protegerlos. Por otra parte estas áreas-refugios forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.

Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios: El gobierno local debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores.

Derecho a la justicia local y a la seguridad: Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la “inseguridad” afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base municipal y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida.

Derecho a la ilegalidad: Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (por ejemplo, para obtener la reversión de uso de espacio público congelado por una institución estatal).

Derecho a la innovación política: Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. (por ejemplo, el planeamiento estratégico es una innovación política aun no recogida por el derecho público).

Derecho al empleo y al salario ciudadano: El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios es decir remunerados al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (por ejemplo, servicios de proximidad, ecología urbana, etc.), es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de “salario ciudadano”.

Derecho a la calidad del medioambiente: Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).

Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales: Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido (por ejemplo, parejas homosexuales) merece igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.

Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-jurídico de ciudadano: Y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto es decir la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio -con un entorno social- lo que debe determinar el estatuto legal.

Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que las afectan directamente.

Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información similar a la que poseen los capitales privados y las instituciones públicas.

Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. Derecho a la movilidad física completa en los espacios políticos y económicos en los que se encuentran inmersos.

Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas (por ejemplo, ventanilla única).

Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones, ciudades a constituir redes y asociaciones que actúen y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye tanto el reconocimiento por parte de las NNUU y de todos sus organismos y programas como de organizaciones mucho menos transparentes (como la Organización mundial del comercio o el Banco Mundial).

Derecho a desarrollar una identidad colectiva como comunidad de ámbito regional-urbano y a conquistar la cota de autogobierno que ésta misma comunidad determine libremente, con la sola condición de que no excluya a ningún habitante del territorio de ninguno de los derechos de los ciudadanos del mismo.

Un triple proceso

El desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso:

Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.

Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos.

Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

En la medida que en muchos casos estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aún el suficiente arraigo social, el rol de los intelectuales, a la vez como fuerza sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos, es hoy fundamental. En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política.